La jefa de arqueología del Instituto del Patrimonio Histórico Español afirma ante el juez que no se cumplió la ley en el seguimiento de las obras del segundo cinturón de ronda de Eivissa. Los vestigios tampoco pudieron ser estudiados y catalogados
Eivissa J. LL. FERRERLa técnica autora de un informe pericial sobre el alcance de la destrucción de yacimientos arqueológicos en el segundo cinturón de ronda de Eivissa, construido por la empresa MAB en la anterior etapa del PP, ha confirmado ante el juzgado de instrucción número 25 de Madrid que a raíz de dichas obras se dañaron «bienes de alto valor histórico y distintos yacimientos», que no podrán ser reconstruidos y que, además, no pudieron ser adecudamente estudiados porque se incumplió la legislación vigente y no se paralizaron las obras nada más percatarse de su existencia.La arqueóloga Concepción Martín Morales, jefa de la sección de Arqueología del Instituto del Patrimonio Histórico Español, elaboró un informe pericial dentro de las diligencias penales abiertas a raíz de una denuncia del Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN), en el que revela la irregular actuación seguida en la preservación de los restos aparecidos en el transcurso de las obras.Recientemente, la misma arqueóloga compareció como testigo ante un juzgado de Madrid para dar explicaciones complementarias y dijo que «se hubieran podido evitar los daños denunciados si se hubiera cumplido lo contemplado en la legislación vigente y se hubieran tomdo medidas como la paralización de las obras por haberse iniciado sin el control arqueológico debido y una supervisión exhaustiva de la realización de ese control arqueológico».Por ejemplo, según señaló Concepción Martín, la necrópolis romana descubierta en el segundo cinturón y que resultó destruida por las excavadoras «fue inicialmente afectada por las obras antes de procederse a su excavación arqueológica».«Estaban avisados»En respuesta a las preguntas del fiscal, la técnica detalló que «tanto el promotor de la obra como la empresa estaban avisados con muchos meses de anterioridad, al inicio de las mismas, de que tenían que comunicar el inicio de las obras y realizar las mismas con un control arqueológico directo». Asimismo, tanto MAB como el Govern debían «parar de inmediato los trabajos si apareciesen restos arqueológicos y comunicar su descubrimiento». A pesar de ello, «las obras se iniciaron sin haber cumplido estos dos requisitos».En la misma declaración, aseguró que para poder realizar el adecuado control de seguimiento, los arqueólogos «deben de estar informados de la planificación de la obra y, por tanto, deben estar informados de dónde van a actuar las máquinas para poder planificar las actuaciones al respecto, ya que no puede haber ningún movimiento de tierras sin el preceptivo control arqueológico directo».Estas aseveraciones contrastan con las que, en su momento, efectuaron los responsables de Patrimonio del Consell Insular.
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